El primer impacto que recibe cualquier propietario al cual le exigen certificar energéticamente su inmueble es el de otra obligación más para que el estado se lucre, otra gestión más innecesaria para complicar el mercado inmobiliario. Realmente es así, pero existen otros motivos por los cuales se ha impuesto esta obligación.
¿Qué obtiene el ciudadano de las certificaciones energéticas?
El motivo principal es que España esté acorde con el resto de los países europeos, en los cuales la información que recibe el consumidor o comprador es superior que en nuestro país.
Hasta el día de hoy, una persona iba a comprar un piso y valoraba el inmueble en función del precio del mismo, ubicación para que los niños vayan al cole, etc. Pero ¿y qué pasa con los gastos derivados del uso del inmueble? ¿No es un dato importante a tener en cuenta? Esta ha sido la reflexión que se debió haber hecho hace años, pero hasta ahora parece que no era importante.
El Certificado energético tiene esta función, la de informar a la persona o familia que utilizará el inmueble del coste aproximado anual que le repercutirá el uso del mismo, a partir de los valores medios de hábitos existentes en nuestro país. De esta manera, se introduce un nuevo factor que debe ser valorado muy en serio por los compradores de inmuebles, a parte de los ya existentes hasta el día de hoy y que lo seguirán siendo.
¿Se imagina que no tuviera en cuenta el consumo de un vehículo a la hora de la compra y que tan solo se valorase el precio y el color? Alguien le diría que está descuidándose de un factor muy importante, dado el escenario actual de creciente precio de la energía y lo que cuesta llenar el depósito. Lo mismo sucede con los pisos, no se descuide de conocer cuánto le va a costar cada mes ese piso por vivir en él.
